PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ARGENTINA: LA NECESARIA INCLUSIÓN COMO SUJETO DE DERECHO NO REDUCIDO A LA ASISTENCIA

Esta semana, prestadoras de obras sociales de atención a la discapacidad, profesionales personas discapacitadas que debieron interrumpir sus tratamientos, acompañados de sus familiares, acamparon en la emblemática plaza de Mayo con el lema “NO AL AJUSTE EN DISCAPACIDAD”. Sostienen sostienen que el gobierno busca recortar 10 mil millones de pesos en las partidas del sector, que el gobierno niega.

Lo cierto es que recorte o no, objetivamente quienes realizan la atención desde diferentes especialidades, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, transportistas, psicopedagogxs, psicólogxs y acompañantes terapéuticos, llevan meses de atraso en el cobro de haberes, período de tiempo que excedió con creses retrasos en los pagos vividos anteriormente, retrasos en los que además no se les reconoce el atraso salarial respecto a la inflación. Ante esta situación se vieron obligadxs en muchos de los casos a suspender las sesiones ante la falta de pagos y la cantidad de meses adeudados, quedando las personas con discapacidad sin apoyo ni cobertura. Los que continúan dando prestaciones, a pesar de los meses de atraso, por ejemplo, acompañantes terapéuticos de alumnxs con trastornos del espectro autista, entre otros, en colegios, viven situaciones de incertidumbre y dudas respecto a su futuro inmediato.

ALGUNAS DISTINCIONES Y REFLEXIONES ACERCA DE LAS POLÍTICAS, ENFOQUES Y ASOCIACIONES EN TORNO A LA DISCAPACIDAD

Hay que distinguir entre organizaciones para personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad. Las organizaciones para personas con discapacidad lo que hacen es prestar un servicio a las mismas. Las personas que están asociadas a las obras sociales, pagan, y esas obras sociales, por Ley 24.901 tienen la obligación de brindar cobertura en el 100 % de los servicios más allá de la puja que tengan con el gobierno para que les den el dinero que les tienen que dar en un sistema que terciariza la atención de las personas con discapacidad.

Pero en un sistema fragmentado sostenido en Obras Sociales, mayormente sindicales, al igual que sucede con el sistema de salud, dista mucho de ser universal y deja fuera a quienes no disponen de obras sociales, que incluye a una inmensa masa de personas con trabajos precarios y personas desocupadas. En tiempos de casi pleno empleo del capitalismo fordista (años 1940 a 1973), esta fragmentación del sistema no tenía el impacto que tiene hoy. Es una época donde el capitalismo, tras la crisis mundial de 1973, se reconstituyó bajo otras formas: el modelo de producción y comercialización pasó a ser el "toyotista" (nace en Japón y la empresa que lo inicia es la homónima), donde domina la automatización, y donde "la fábrica", ya no depende de mano de obra poco cualificada y numerosa, sino de la incorporación de tecnología y capacidad de innovación tecnológica permanente en la producción (robotización) y un cuerpo de asalariados más cualificados (técnicos, ingenieros), más flexibles, mejor pagos y menos numerosos. La contracara en lo que hoy se llama "el precariato", por la precarización e informalidad del trabajo de una gran parte de los sectores populares y medios excluidos o semi-incorporados al proceso productivo formal. Empleos de baja calidad, trabajo en negro, tasas de desempleo de dos dígitos, trabajos muy mal pago y sin obras sociales, personas que viven de subsidios otorgados por el Estado, coexisten, y superan en número, con quienes tienen empleo formal, realizan aportes jubilatorios y cuentan con obras sociales. Entonces, el sistema basado en el control sindical atomizado de obras sociales terciarizadas no responde a un modelo de equidad ni universal, sino que legitima y reproduce la fragmentación social, con trabajadores con acceso a ellas y trabajadores informales o desempleados, excluidos de las mismas, por no mencionar que las obras sociales difieren entre sí en calidad y cobertura.

Es un tema complicado y difícil porque en el medio están los sindicatos y hay un montón de cuestiones de fondo a abordar. La realidad es que, sea por la suspensión de prestaciones por los impagos o por carecer de acceso a obras sociales, se deja siempre al eslabón más débil de la cadena, que es la persona con discapacidad, sin atención.

UN CASO TESTIGO, EL DE IRENE CUEVAS, RETRATADO EN EL DOCUMENTAL "LA IRE"

Entrevista y documental de Verónica González, periodista y productora del documental "La Ire", que cuenta la historia de Irene Cuevas, retratando la batalla de una joven mujer de 19 años y su madre contra la burocracia de una obra social que, a pesar de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incumple con la asistencia correspondiente.

¿Qué hacer?

Por una parte, deberíamos mejorar las leyes vigentes y el sistema de prestaciones mantenido con retoques durante décadas por todas las administraciones democráticas y crear un Sistema Integral y Universal de prestaciones a las personas con discapacidad.

Por otra parte, dejar de infantilizar a las personas con discapacidad o erradicar los enfoques puramente asistencialistas (necesarios en muchos casos, porque hay muchos tipos de discapacidad), pero también se deben pensar programas y estrategias de inclusión laboral de las personas con discapacidad que puedan hacerlo, para que puedan aportar a sus obras sociales y gozar de los beneficias de la Ley 24.901 que es la que rige actualmente en nuestro país vinculada a personas con discapacidad.

Deberíamos ser más conscientes que la problemática de la discapacidad nos afecta a todxs: No solamente vivimos siendo potenciales personas con alguna discapacidad por accidentes, problemas de salud que pueden presentarse y requerir atenciones especiales, incluyendo la salud mental, sino que, con el envejecimiento, perdemos facultades: perdemos visión, perdemos agilidad y movilidad, audición, memoria, entre otras que nos debieran obligar a pensar desde ya en qué tipo de sociedad vivimos y en qué tipo de espacio urbano. Desde las propias administraciones apenas parece darse importancia a cuestiones tan básicas, que eliminarían barreras, en obras que se realizan, desde los colores, contraste lumínico, y tipo y tamaños de letras en carteles, en estaciones de trenes, en escalones de escaleras; rampas de acceso dentro de escuelas públicas y establecimientos de ocio y cultura; promover la sustitución de colectivos por otros que contengan rampas, que bajen al detenerse en las paradas, que no haya que escalar 3 escalones que cuestan subir hasta para las personas jóvenes, por sólo mencionar algunas, son cosas que deben estar contempladas desde el planeamiento más básico de una política pública, en forma transversal.

Para finalizar compartimos el comunicado que ha emitido la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), respecto a la suspensión de prestaciones por cortes en las cadenas de pago a las obras sociales y profesionales prestadores de servicios. Seguramente aporta en la medida en que es la mirada de asociaciones de personas con discapacidad, sin intermediacion.

Ante todo, los derechos de las personas con discapacidad

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2022- desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) queremos hacer algunas consideraciones sobre la situación del atraso en el pago a les prestadores de servicios para personas con discapacidad (PCD) por parte de las obras sociales. En principio, esta demora no es nueva; se viene dando desde hace años, pero nos consta que en los últimos meses esta dilación en los pagos se acentuó. Sabemos que actualmente las instituciones que nuclean a prestadores están conversando con el gobierno nacional para llegar a una solución lo antes posible.

Estas prestaciones de apoyo a la educación, vida autónoma, salud y transporte son necesarias para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Por lo tanto, el atraso en los pagos en un contexto de alta inflación es insostenible para las trabajadoras y los trabajadores e impacta en la falta de continuidad de muchas prestaciones que resultan imprescindibles para una buena calidad de vida de las PCD. Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible, por los derechos de les trabajadores que dependen de ese dinero para su sustento económico y el de sus familias.

Desde REDI queremos expresar además, que el colectivo de personas con discapacidad también reclama por sus derechos vulnerados. Por ejemplo, el derecho al empleo de calidad, mientras la ley de cupo laboral para personas con discapacidad se incumple de manera sistemática. El derecho a la educación inclusiva con los apoyos y ajustes razonables necesarios. El derecho a la vida autónoma con los apoyos que cada persona requiera para poder elegir dónde y con quién vivir y no ser institucionalizadas.

Por eso, nos gustaría que los y las comunicadores que actualmente se hacen eco de la lucha de les prestadores de servicios para personas con discapacidad, también tengan en cuenta en sus agendas los reclamos de las propias personas con discapacidad. Pocas veces se nos escucha desde nuestros propios mensajes, y en ocasiones se suele hacer un uso político de la situación del colectivo. Es muy común que se nos ponga bajo sospecha cada vez que reaparece en los medios de comunicación el debate sobre las pensiones no contributivas, pero en ese debate no se nos consulta.

Nos preocupa que en la mayor parte de los medios de comunicación se siga infantilizando a las personas con discapacidad. Se nos suele mostrar desde la lástima, calificándonos como seres vulnerables e indefensos. Muy pocas veces se nos muestra como trabajadoras, estudiantes, luchadoras, protagonistas de nuestras propias vidas.

Invitamos a les comunicadores a visibilizar los reclamos y los derechos de las personas con discapacidad desde nuestras propias voces y vivencias.

¡Nada sobre nosotres sin nosotres!