La Escuela Normal con una ideología nacionalista,
marxista revolucionario (2), da una
educación en defensa de los derechos del pueblo y adoptan posturas de
confrontación contra las autoridades de gobierno y realizan actividades de
presión para solucionar sus demandas.
En Iguala ya estaba convulsionada antes de la noche de
los 43, una ciudad que se convirtió en productora y traficante de heroína
siendo una zona estratégica para el tránsito de drogas y otras actividades
ilícitas. Donde se convive con confrontación y coalición entre bandas e
instituciones. Formando parte del corredor Acapulco-Cuernavaca-Estados Unidos.
Una ciudad que fue escenario en los años 70 de
políticas contrainsurgencia para aniquilar movimientos y reprimir a disidentes.
Donde la desaparición forzada y ejecución extrajudiciales se practicaban de
forma continua.
Previo a la desaparición de los estudiantes en esa
ciudad habían ocurrido hechos que es importante mencionar primero la
desaparición del dirigente social Arturo Hernández Cardona. El presidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca en el
2013 fue acusado de estar implicado en el hecho. Por este motivo los
normalistas tomaron las oficinas y
quemaron papeles del municipio. Segundo el enfrentamiento entre Guerreros
Unidos y “Los Rojos” por la disputa de territorio para la venta de droga y tercero
decomiso de 107 kilogramos de heroína por la PGR de las cuales solo se
entregaron 24 kilogramos hecho aún no esclarecido.
Los grupos delincuenciales que estaban eran alrededor de 26 en la cual se destacaban “Guerreros Unidos” “Los Rojos” y “La Familia Michoacana”.
Guerreros Unidos operaba como brazo armado de La Familia Michoacana realizando extorsiones. En el momento de la desaparición de los 43 mantenían el control de Iguala.
Ahora como se fueron sucediendo los hechos, testimonios dan cuenta que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México resolvía que la Normal de Ayotzinapa fuera sede para concentrar a las 16 delegaciones normales del país y que luego participarían en la movilización del 2 de octubre en la ciudad de México.
La preparación de la movilización era brindar alimentos alojamiento y transporte por lo que decide el comité estudiantil de la normal que los estudiantes de años superiores regresaran a sus casas, por lo que ese 26 de septiembre solo había estudiantes de primer año de ingreso.
La toma de autobuses fue impedida por policías. Esto hace el cambio de planes de los dirigentes de la normal y dan la instrucción de trasladarse a Iguala para conseguir camiones y emprender el viaje hacia la Ciudad de México. Con esto desvirtúa la “verdad histórica” de que el móvil de los estudiantes era boicotear la presentación del DIF, María de los Ángeles Pineda que en ese momento estaba en campaña por el municipio.
Otro dato importante era que por la información obtenida había un infiltrado en la normal cuyo nombre era Julio Cesar López Patolzin y su función era informar lo que sucedía dentro de la Normal, él también se encuentra desaparecido y pese a ser un militar no se realizó ninguna acción de protección por integridad ni búsqueda de su persona, como lo establece el “Protocolo para Militares Desaparecidos”.
Como se puede ver a lo largo del “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa” (1) las autoridades estaban informadas de las acciones de los estudiantes, así como los hechos de persecución y violencia anteriores a la desaparición.
Con esto prueba responsabilidad por acción, omisión o negligencia en las acciones gubernamentales. Las autoridades fueron negligentes y omisas que permitieron a que se realizaran actos de violencia y posterior desaparición de los normalistas. Si hubiera actuado los agentes gubernamentales se podrían haber evitado la desaparición de los normalistas y al menos el homicidio de seis personas cuyos nombres son:
. Daniel Solís Gallardo, estudiante normalista de primer año.
. Julio Cesar Ramírez Nava, estudiante normalista de primer año.
. Julio Cesar Mondragón Fontes, estudiante normalista de primer año.
. David Josué García Evangelista (a) “Zurdito”, jugador de los
Avispones.
. Víctor Manuel Lugo Ortiz (a) “Barcel”, conductor del autobús de los
Avispones.
. Blanca Montiel Sánchez, pasajera del taxi.
Como también la agresión al estudiante Aldo Gutiérrez Solano que recibió un impacto de bala.
A partir del análisis de la red de telefonía, mensajes y la red de vínculos entre los grupos delictivos y las autoridades, se narra en cuatro acontecimientos:
1- La salida de los estudiantes
de la Normal a Chilpancingo, Tierra Colorada y la decisión de ir a Iguala.
2- El traslado y la llegada a
Iguala, Rancho del Cura y la Central de Autobuses.
3- La salida de la Central de
Autobuses e inicio de la violencia, y
4- La desaparición de los estudiantes.
En el primer caso salen 100 estudiantes de la Normal
con rumbo a Iguala a bordo de las unidades, segundo llegan a la Central de
autobuses y se reúnen con demás normalistas, tercero los normalistas están
Central de Autobuses se reporta que los estudiantes estaban con actitudes
agresivas y piden apoyo policial, salen de la Central y cuarto dos patrullas
persiguen a un autobús hasta detenerlos cerca del Palacio de Justicia, los
otros continúan su camino. Horas más tarde avisan que circulaba un autobús con
individuos cubiertos los rostros y se da la orden de verificar. Se intercepta a
uno de los autobuses jóvenes bajaron toman del cuello al interceptor y
forcejean por lo que se produce disparos al aire, el autobús continúa su
marcha. Tiempo después según los análisis de las comunicaciones, uno de los
normalistas que estaba dentro del autobús informa que son atacados, la policía
de Iguala impide el avance de la caravana. Los estudiantes tratan de retirar la
patrulla para proseguir su marcha, momento que son atacados con armas de fuego
resultado un estudiante Aldo Gutiérrez Solano recibe un impacto de bala en la
cabeza.
Tiempo después se descompensa un estudiante por ataque
de asma. La policía de Iguala continúa disparando por lo que los estudiantes se
refugian en la parte trasera del autobús. En forma simultánea se persigue los
otros autobuses. El hospital General informa el ingreso de los jóvenes
estudiantes. Por los registros telefónicos se identifica a policías en el área
y hora de los hechos.
Los estudiantes normalistas salen en apoyo de sus
compañeros en Iguala en dos vehículos, en esos momentos también sale más
policías a Iguala debido que hay una balacera.
Según los registros telefónicos un grupo de policías
arriba a la zona del Palacio de Justicia y donde se encuentran elementos de la
policía federal.
Por otro lugar, Guerreros Unidos también estaban en
las carreteras con la intención de evitar la salida de los Normalistas.
Se presume que la violencia desencadenada contra los
estudiantes es porque Guerreros Unidos
pensaba que había infiltrados de los Rojos entre los normalistas y eso le haría
perder plazas o territorio.
De la desaparición de los estudiantes, surgen
distintas hipótesis:
1- Que se haya identificado a alguien con vínculos
con el grupo contrario (en este caso de los Rojos)
2- Que el paso de los estudiantes en camionetas
les haya hecho pensar que se trataba de grupos opuestos que iban a tomar la
plaza o territorio.
3- Que el autobús contuviera droga.
Entre las 03:00 y las 04:45 del día 27 de septiembre
del 2014 se incrementa la comunicación entre los integrantes de Guerreros
Unidos y presume que es el horario que desaparecen los 43 normalistas, por los
mensajes interceptados en Villa de Guadalupe se convirtió en un centro de
operaciones.
A las 00: 15hs se realiza una conferencia de prensa
que participan la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de
Guerrero (CETEG) pero es atacada por miembro de Guerreros Unidos produciéndose
heridos y un asesinato de un estudiante en el intento de huir.
A partir de la madrugada del 27 de septiembre, empieza
la limpieza y ocultamiento de los hechos por parte del gobierno. Como muestra
las pruebas por seguimiento de los mensajes, es evidente una complicidad de
agentes del Estado Mexicano con el grupo delictivo de Guerreros que permitieron
la violencia y desaparición los estudiantes y posterior ocultamiento de la
verdad de lo ocurrido en esa madrugada.
Es cuando se
empieza a concretar una “Verdad Histórica” desde el estado, con la finalidad
del cierre del caso y con sentencias de delitos de secuestro y homicidio
evitando tratarlo como un delito de desaparición forzada.
La verdad
histórica privilegio lo jurídico penal por encima de los derechos humanos. Se orientó la investigación hacia el tema
de secuestro y crimen organizado, evitando una investigación más profunda.
Pese a que
intervinieron varios grupos de investigación como se ha detallado para
esclarecer el caso y tuvo su repercusión nacional e internacional en los medios
de comunicación y social, no hubo avances. Por eso los padres y madres expresaron
su malestar en una carta a los 8 años de los hechos (3) del 26 de agosto del 2022, consideran que era relevante lo presentado por el
presidente de la Comisión para la verdad y el acceso a la Justicia del Caso
Ayotzinapa puesto que ayudan al conocimiento de la verdad y a obtener justicia.
Porque primero reconoce que los hechos ocurridos el 26 de septiembre es un
crimen de estado ya que evidencia la participación estatal. Segundo la
participación de cuatro municipios de Iguala, policía federal, elementos de
infantería y de la zona militar en los hechos. Tercero prueba la
participaron de diversos agentes
estatales y grupos delictivos. Cuarto el destino de los 43 no está esclarecido.
Por otro lado
la detención y vinculación del Señor Jesús Murillo Karam condujo una
investigación turbia, irregular, plagada de manipulación de pruebas.
Construyendo una mentira que impidió saber la verdad. Si se hubiera investigado
otras líneas de investigación a pocas horas de la desaparición de los 43 se
hubiera avanzada más. Por eso es importante su detención. Los padres ven bien
la nueva línea de investigación de la CoVAJ y lo apoyan.
El 3 de agosto de 2024 (4), las madres y
padres de los 43 vuelven a realizar una nueva carta a diez años de la desaparición
de sus hijos a la sociedad, denunciando que la violencia, asesinatos y las
desapariciones continúan porque persisten las mafias locales, policiales y
militares. Continúan denunciando que las violaciones de los derechos humanos
que se cometieron en la guerra sucia y el caso Ayotzinapa no fueron
esclarecidos en este gobierno por protección al ejército mexicano. Ejército que
siempre impulsa tareas de contrainsurgencia y de contener luchas populares en
lugar de velar por la seguridad nacional. Par los padres y madres este gobierno
no hubo verdad y justicia y que no se avanzó para saber el paradero de sus
hijos y que las investigaciones avanzaron hasta el año 2022.
Continúan
diciendo que cuando se llegó a procesar a 20 militares y se exigió una
investigación contra ellos, empezó las tensiones con el actual presidente. La
comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de
Investigación y Litigación (UEILCA) fueron desmanteladas y sus titulares fueron
hostigados como Carlos Encinas que fue citado por los militares bajo el
silencio del presidente. Las investigaciones sobre los 17 estudiantes sacados
de barandilla municipal, los 27 estudiantes al batallón y entregados al grupo
delictivo guerreros unidos, las extradiciones de Tomas Zeron y José Ulises Bernabé
permanecen sin avances. Denuncian que actual presidente instalo un falso debate
que existe un intervencionismo extranjero y de organizaciones de derechos
humanos que obstaculizaron la investigación, como una excusa para justificar el
no avance de la investigación. Pruebas contra el ejército están: Primero se
tiene datos que hubo un soldado infiltrado en la Normal de Ayotzinapa y que
desapareció con los 43, Segundo los militares dieron seguimiento desde que
llegaron a Iguala hasta su desaparición, Tercero intervinieron llamadas de los
perpetradores como de los 17 estudiantes que fueron trasladados, Cuarto las pruebas
están que miembros del ejército 27 batallón tienen relación con la banda
delictiva guerreros unidos. Quinto que un testigo protegido afirma que los
estudiantes fueron detenidos por el ejército e ingresados al 27 batallón y
luego entregado al grupo delictivo guerreros unidos.
Estas pruebas dejan sin lugar a dudas la intervención del ejército en la
desaparición de los 43 para sus padres y madres que seguirán exigiendo verdad y
justicia gobierne quien gobierne.
El caso Ayotzinapa puso al descubierto la crisis
prolongada que tiene México hace décadas sobre la desaparición forzada de
personas. Donde es reafirmada por el Informe
del Comité Contra la Desaparición forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención (5).
Que destaca del gobierno la creación de una Comisión para Acceso a la Verdad,
el esclarecimiento Histórico y el Impulso
a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos entre
1965 y 1990 y la creación de una Comisión para el caso Ayotzinapa. Pero aclara que las desapariciones forzadas
continúan siendo cometidas por agentes
públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Con participación de
la delincuencia organizada que se convirtió en un perpetrador de desapariciones
con convivencia u omisión de servidores públicos. Las desapariciones siguen afectando a hombres
entre 15 y 40 años pero se incrementó las desapariciones de niños y niñas a
partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, esta tendencia
aumento con la pandemia. Las desapariciones están vinculadas también por
sustracción de menores o por violencia de género para ocultar la violencia
sexual, también se reportó por trata de personas.
El comité ve
con preocupación la victimización de mujeres porque la mayoría quedan solas y
son víctimas de violencia y represalias al desaparecer su pareja. Con los
defensores de derechos humanos es una situación similar como consecuencia de su
activismo son víctimas desaparición forzadas, como también periodistas que suman
30 entre 2003 y 2021. Constituyendo una seria amenaza para la libertad de
expresión. El Comité recibe con preocupación una denuncia de desaparición
dentro de la cárcel, una madre reporta que su hija fue a visitar a un
carcelario y nunca apareció.
El Comité tomó nota también de la
situación de los migrantes en México que muchas veces son víctimas de extorsión
por criminales quitándoles los celulares e identificación quedando
desprotegidos en zonas no conocidas donde son víctimas de robos, violación
sexual y desaparición forzada puesto esto ocurre con complicidad de los agentes
estatales.
Comunidades indígenas denuncian que
también son víctimas de desapariciones debido a su lucha territorial por los
megaproyectos de minería y energía que se quieren instalar en su territorio.
Enfrentando en muchos casos a grupos
criminales, Denuncian que hay complicidad con el estado de grupos privados para
realizar estas prácticas. Los colectivos
de LGBTIQ+ son víctimas de desapariciones forzadas por fuerzas de seguridad o
por el crimen organizado que son tolerados por las autoridades locales que ven
bien la limpieza social o explotación
sexual.
Las desapariciones en México llevan años de
impunidad, hasta el 26 de noviembre de 2021, solo un porcentaje mínimo entre 2%
y el 6% fueron judicializados y solo hubo 36 sentencias por desaparición a
nivel nacional.
A esto se suma una actitud pasiva del
poder judicial frente a un fenómeno tan grave como es la desaparición forzada
de personas, que sigue siendo una responsabilidad de todos los poderes. Esto
genera desconfianza de las víctimas en las instituciones.
La
gravedad de las desapariciones y el impacto que tiene en la sociedad requiere
con urgencia la adopción e implementación de una Política Nacional de
Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas, el Comité exhorta a
que la política nacional tome las recomendaciones presentadas, sea integral,
atienda y combata las causas de las desapariciones y a no su repetición,
tomando acciones concretas con indicadores que permitan evaluar su cumplimiento
y resultado. El diseño de esa política
nacional debe involucrar a todas las autoridades federales, estatales,
municipales, organismos autónomos, sectores de la sociedad, incluyendo a
víctimas y colectivos de víctimas. Para la implementación tiene haber una
voluntad política y compromiso de las autoridades y convocar a los organismos y
comunidad internacional para articular mecanismos de cooperación de proyectos
para afrontar las desapariciones.
El
comité a lo largo de su visita planteó diversas hipótesis sobre la
responsabilidad del Estado. Pero desde las autoridades del Estado niega
responsabilidades diciendo que se trata de bandas criminales, en su visita la
delegación del comité recibió delegaciones de familiares que insisten en la
responsabilidad del estado e involucran a servidores públicos presentando
elementos probatorios contundentes de fotos, testimonios y videos.
De
lo anterior que las autoridades alegan que no tiene responsabilidad en
relación a las desapariciones porque fueron hechas por grupos de delincuentes.
El estado si tiene la obligación de investigar y de llevar a los responsables a
la justicia. Como también tiene la responsabilidad
de buscar y localizar a las personas desaparecidas y en caso que está muerta
dar el cuerpo a sus familiares.
En
su informe el comité insta al Estado a que se erradique las causas
estructurales de impunidad para el conjunto de las instituciones del Sistema de
administración justicia que obstaculiza el acceso a la justicia a los
familiares.
El
comité considera que se abandone por parte del Estados la militarización de la
seguridad pública. Que fue denunciado en el ámbito nacional e internacional y
que se implementó desde los años 90 y fue promovida por la reforma legislativa
del 2006. Otras reformas normativas que no escapan a esa tendencia, como el
decreto del 26 de marzo del 2019 que reforma el artículo 21 de la Constitución
que crea la Guardia Nacional una institución policial de carácter civil cuyas
disposiciones es de brindar la intervención al Ejercito y a la Marina en trabajos
de seguridad pública, el Acuerdo Presidencial del 2020 es cuestionado por el
Comité puesto que ordena a la Fuerza Armada a permanecer en funciones de
seguridad pública.
Es
de preocupación para el Comité que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y No Localizadas no permita una visión clara sobre los casos registrados de
desapariciones forzadas.
Durante su visita del comité noto la poca
información sobre la desaparición forzada en la sociedad, que lo ve como un
problema del otro. Es imprescindible informar los pasos a seguir en el caso de
desaparición forzada en la sociedad civil y brindar la información.
Hace hincapié el Comité que se incluya de
una manera ágil en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas los casos de
desaparición forzada y su actualización puesto ayudaría a detectar a los
agentes del estado que están involucrados en la desaparición. Y considera apropiado
que se tome en cuenta estos casos para efectuar cambios en las políticas
nacionales.
Recomienda que el Estado deba efectuar en
forma urgente una campaña nacional de información y sensibilización dirigida a
toda la población para contrarrestar la estigmatización hacia las víctimas.
Esta campaña debe difundirse en todos los sectores y medios de comunicación con
mensajes claros sobre las desapariciones y como atenderla. Señalo
el Comité que es importante implementar
debidamente el marco normativo, jurisprudencial en todo el territorio. Y para
que sea un éxito su implementación la política nacional sobre la desaparición
forzada, se tendría que trasmitir a
todas las autoridades federales, estatales y municipales.
En el informe el Comité lamenta que el
reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda no se
publicó. Y que en la mayoría de los estados en México carezcan de información,
faltando en muchas de ellas compatibilizar los marcos legislativos con la Ley
General.
Preocupa al Comité que muchas
herramientas sigan siendo poco conocidas esto lleva a que pocos funcionarios
judiciales apliquen las normas y
protocolos. Lamenta que muy pocos jueces apliquen el habeas corpus que
está previsto en la Constitución, esto faculta para ordenar a otra autoridad a
dar información o trasladarse a los lugares que se presume se encontraría la
víctima.
Lamenta que a pesar de la decisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de junio de 2021 declara vinculantes las acciones urgentes
requeridas por el Comité, funcionarios actúan en contra y no ha sido
debidamente implementado por el Estado.
El comité toma como buena iniciativa la
capacitación que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda y otros organismos estatales,
pero noto que estos programas no incluyen el tema de desapariciones.
Toma con preocupación el Comité las
informaciones recibidas de la falta de independencia y autonomía de la Comisión
Nacional y Comisiones de Derechos Humanos.
El comité insta a que se adopte e
implemente reglamentos pendientes de la Ley General y que se implemente a nivel
federal en consulta con los familiares. Para eso las autoridades deben proveer
recursos para su funcionamiento y deben llevar un proceso de selección de
personal para su implementación.
La conformación de equipos a cargo del
proceso de búsqueda tiene que tener especialización constante y especializada
para atender las desapariciones. Las capacitaciones deben promover por ejemplo Protocolo Homologado de
Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida
por Particulares. Estas instituciones deben establecer planes de trabajo y
metas como la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
El comité considera necesario que el
Estado garantice la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y comisiones de derechos humanos.
Las prioridades que debe atender la
política nacional para erradicación de las desapariciones forzadas son: Primero
fortalecer las instituciones y proceso de búsqueda, Segundo garantizar la
coordinación sistemática de las instituciones, Tercero mover los obstáculos que
impide la judicialización de la desaparición forzada, Cuarto atender las
desapariciones en contexto migratorio, Quinto facilitar los procesos de
búsqueda que tiene largo tiempo, Sexto atender la crisis forense, Séptimo
facilitar el acceso a la búsqueda en caso diferencial, Octavo reconocer el
papel de las víctimas y atender sus necesidades, Noveno proteger a los
servidores públicos que realizan investigaciones.
Denuncian los familiares que las
autoridades exigen que pasen 72 hs para realizar la denuncia esto impide a que
se busque en forma inmediata y provocando que el caso no avance. En la inacción
del Estado son los familiares que toman la iniciativa de buscar a sus
familiares desaparecidos.
El
Comité destaca la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones
locales pero lamenta que carecen los recursos necesarios para su
funcionamiento. Los problemas que atraviesan las comisiones locales es que por
no tener medios tienen que abandonar actividades programadas o buscar formas
alternativas de financiamiento. En muchos casos el personal de las comisiones
aporta los recursos o han solicitado ayuda a los familiares ejemplo para financiar
combustible.
Preocupa al Comité el presupuesto
asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda para los gastos en 2020 era del 29%
y en el 2021 fue del 12%, aparte del bajo presupuesto las comisiones se
tropiezan con una reglamentación muy estricta donde el pedido de viáticos se
tiene que hacer con tres días de anticipación impidiendo actuar con rapidez.
El
Comité observo que comisiones locales eran unipersonales y en cuanto a la
Comisión Nacional de Búsqueda el 7 % es destinado al presupuesto del personal
en el 2020. La contratación del personal es temporaria tanto en las comisiones
como en la Comisión Nacional, esto limita la atención, seguimiento de casos y
al proceso de búsqueda.
En entrevistas varias personas señalan la
falta de capacitación especializada de investigadores, mencionan falta de recursos
técnico-científicos y denunciaron
pruebas extraviadas en las agencias del Ministerio Público. También prevalece
la fragmentación de las investigaciones.
El Comité observa que rara vez se
persigue el delito de desaparición forzada incluso cuando se tiene pruebas. Y
cuando se persigue los estándares son muy exigentes y con esto lleva a que los responsables
de la desaparición sean absueltos. Es por eso que el Comité considera
prioritario que el Estado establezca una estrategia global e integral de
búsqueda e investigación en el caso de desaparición.
Otra observación que encontró es que las
comisiones que si bien tienen la misión de la búsqueda, se encuentran limitadas
en su accionar puesto que necesitan respuesta de las Fiscalías para poder
cumplir sus funciones como levantar restos y realizar allanamientos.
Observa
el Comité una falta de coordinación interinstitucional de las comisiones de
derechos humanos y comisiones de
atención a víctimas, para apoyar las
labores de búsqueda y acompañamiento a las familias. Deficiencias de coordinación
entre diversas fiscalías especializadas, así como entre
las fiscalías de los ámbitos federal y estatal.
Dichas prácticas dilatan y obstruye el acceso a la justicia, incluso en el caso
Ayotzinapa.
El
Comité insta a que sean atendidas las desapariciones ocurridas en el contexto
migratorio porque las personas en situación migratoria irregular no reportan la
desaparición de sus acompañantes por temor a ser detenidas o deportadas.
El comité considera atender la crisis forense
a nivel federal como estatal. Las causas que atribuyen a esta crisis es el
incremento de los niveles de violencia debido a la militarización de la
seguridad pública. La ineficacia de los servicios forenses es por la carencia de
infraestructura, equipamiento y recursos humanos especializados. Catorce
servicios forenses no llevan un registro electrónico.
El
Comité considera que es necesaria una firme voluntad política de todas las
instituciones para superar la crisis forense. Es por eso insta Primero realizar
un mecanismo de identificación forense que cuente con presupuesto, Segundo
avanzar hacia un centro de identificación humana y que cuente con equipos
adecuados.
El
Comité resalta la urgencia de que la Fiscalía General de la República cree un
banco nacional de datos forenses, se implemente un Sistema Único de Información
Tecnológica e Informática.
El
Comité lamenta que desde diciembre de 2010 hasta la fecha de este informe, 13
personas buscadoras fueron asesinadas, en represalia por su trabajo de
búsqueda.
Personas
denuncian que agentes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y
comisiones no asumen el papel de representación de las Víctimas y que muchas
veces no tienen los conocimientos necesarios para orientar a las Victimas de
desaparición que sufren depresión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc.
Es por
eso que el Comité recomienda fortalecer un sistema de protección de victimas
para la seguridad de los familiares y la implementación de un programa nacional
de reparaciones.
Proteger
a los servidores públicos involucrados en la búsqueda es imprescindible para la
búsqueda de personas desaparecidas.
El
Comité recibió testimonios de la situación de inseguridad que viven los
servidores públicos que muchas veces ven en riesgo su vida y prefieren dejar la investigación. Por todo
esto el Estado debe garantizar su protección.
Es por
esto que el Comité insta al Estado Mexicano adoptar medidas de prevención para
atender y combatir las causas de la desaparición de personas y apuntar a su
erradicación.
Conclusión:
Por el expuesto quedan evidencias en la participación del Estado en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Iguala, que para el gobierno saliente de López Obrador niega la participación del ejército aludiendo que hay una campaña internacional en su contra, dejando un caso sin resolver y que conmovió a México y a la comunidad internacional y que saco a la luz el drama de la desaparición forzada en un gobierno democrático. Queda para la nueva presidenta Claudia Sheinbaum resolver este caso, que por expresiones de los padres y madres de los estudiantes seguirán pidiendo justicia gobierne quien gobierne.
Independiente
del caso aquí expuesto, México lleva desde los años sesenta desapariciones y la
impunidad es constante porque no hubo y no hay una voluntad de diseñar una
política nacional de prevención contra la desaparición forzada de personas,
como claramente lo expresa el Informe del Comité de Desapariciones Forzadas de
Naciones Unidas en su visita a México en el año 2022 y con esto afirma el
título de mi exposición que son +43. La impunidad no es solo para los 43
normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron sino para las 115000 desaparecidos
registrados oficialmente pero que se presume la cifra triplica porque muchos
familiares no denuncian por temor a ser desaparecido. Queda en la presidenta
entrante de México el iniciar un camino de Memoria Verdad y Justicia.
 |
| Alicia Albino Politóloga |
Bibliografía
1. Gobierno de México, Comisión de la Verdad para
el caso de la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa. (2022). “Informe
de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso
Ayotzinapa”. México.
2. González Rodríguez, Sergio (2015). Los 43 de
Iguala. México DF, Crónicas Anagrama).
3. Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la
Montaña (26/08/2022). “Entre el dolor y la esperanza: 8 años de lucha por la
verdad”. Ayotzinapa, México. https://www.tlachinollan.org/entre-el-dolor-y-la-esperanza-8-anos-de-lucha-por-la-verdad/
4. Ocampo Arista, Sergio. La Jornada. (3 de agosto de 2024). “Actual gobierno no pudo darnos la verdad: padres de los 43”. Chilpancingo, Guerrero. https://www.lajornadamaya.mx/nacional/234807/actual-gobierno-no-pudo-darnos-la-verdad-padres-de-los-43-de-ayotzinapa-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-ejercito-iguala-guerrero
5. Comité contra la Desaparición Forzada (s.f) “Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención”. México. https://hchr.org.mx/comite/informe-del-comite-contra-la-desaparicion-forzada-sobre-su-visita-a-mexico-al-amparo-del-articulo-33-de-la-convencion/
